Palabras de la presidenta de la ACCOP, Linda Cárdenas, en la audiencia regional de medellín sobre la ley de medios.
Un sector organizado, paso fundamental para la disputa por la democratización de la comunicación y la tecnología
Estamos en un momento trascendental para nuestra labor como comunicadoras/comunicadores populares. En la necesaria disputa por el sentido de las cosas, el sector de las comunicaciones tiene un peso fundamental para lograr arrebatar la hegemonía de la opinión que ostentan las corporaciones mediáticas nacionales o extranjeras que someten a los colombianos/colombianas a sus juicios de valor y líneas editoriales.
Por eso como Asociación Colombiana de Comunicación Popular dirigimos a ustedes esta corta intervención cuyo propósito es llamar la atención sobre la necesidad de organizar a nuestro sector, capacitarlo y financiarlo para ganar la pelea por el derecho a la información que en perspectiva debe garantizar la democratización de los medios, la tecnología y la comunicación. Ese es el pulso que debemos dar con el Gobierno del Cambio que ha mostrado su disposición para avanzar en ese camino.
El momento en el que nos encontramos
La concentración de los medios de comunicación en Colombia es, cuando menos, escandalosa. Según cifras del Monitor de la propiedad de los Medios en Colombia (MOM) el 57% de los medios están concentrados en manos de los superricos del país. Sus nombres, o mejor, sus apellidos nos son ajenos: Sarmiento Angulo, Gilinksi, Ardila Lülle y Santo Domingo.
Es importante destacar que estas cifras pueden variar y que existen otros grupos empresariales con presencia en el sector de los medios de comunicación en Colombia. Además, la concentración de medios en Colombia es un tema complejo que involucra no solo la propiedad de los medios, sino también la distribución de la publicidad y otros factores que pueden influir en la diversidad y pluralidad de los contenidos mediáticos.
Aunque hace falta una actualización de las fuentes de información sobre el tema (el estudio de la MOM es de 2015) el panorama nos permite plantear lo que es un secreto a voces en la opinión pública: mientras los medios estén concentrados el poder real también lo estará.
A pesar de la explosión del periodismo de la que nos habla el colega Ignacio Ramonet desde hace décadas, los proveedores de internet (ISP) siguen siendo unos pocos y, vaya sorpresa, se trata de corporaciones transnacionales que suplantan al Estado en su función de proveer la conectividad como un derecho que posibilita otros derechos como el de la libre expresión, la educación o la libertad de prensa.
Frente al tema de la infraestructura tecnológica, vale la pena recordar que son las corporaciones transnacionales las que hoy usufructúan la red pública que se construyó en tiempos de Telecom, la empresa de telecomunicaciones estatal que fue liquidada en la andanada neoliberal de los 90s.
A ese panorama se suma la precarización de las y los periodistas, comunicadores, técnicos, diseñadores, entre otros trabajadores del sector que, con la excusa de la convergencia de las redacciones deben asumir cada vez más tareas por pagos precarios o deben buscar patrocinios en todos los círculos económicos lo que con frecuencia trae limitaciones en las líneas editoriales.
¿Qué Ley de Medios es realizable hoy?
Pero la esperanza no se ha perdido. Llevamos muchos años reconociendo la realidad asimétrica en la que estamos dando la pelea y no por eso la damos por perdida. De hecho, la victoria electoral de 2022 nos propicia hoy condiciones para retomar un debate de vieja data para nuestros medios.
Nos referimos claro al debate de una Ley de Medios que democratice la comunicación en Colombia y esa pelea toca, como mencionamos más arriba, poderosos intereses de los superricos del país (y de afuera también). Y es por eso que creemos que es fundamental actuar estratégicamente, con principio de realidad, sabiendo cómo y en dónde cazar las peleas. Consideramos entonces que una Ley o un paquete de leyes que avancen en la garantía del derecho a la información debe tener los siguientes aspectos clave:
- Financiación: Más allá de decretos o convenios del Ejecutivo, una norma que garantice rutas para financiar la labor de los medios comunitarios, alternativos, populares e independientes. Hay distintas fuentes para lograrlo: FonTIC, pauta pública, recursos de los gobiernos locales, articulación con recursos de cooperaciones sur-sur del nivel global. También el trabajo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la extinción de bienes o sociedades del narcotráfico debe tener como destinatarios a los medios e integrarlos en las llamadas Alianzas Público Populares (APP). Ese camino necesariamente pasa por eliminar barreras para el acceso a presupuestos públicos y por formalizar, en alguno de los regímenes especiales de tributación, a nuestros medios y colectivos.
- Construcción y cruce de bases de datos: Hoy como nunca necesitamos saber quiénes somos y en dónde estamos pero también quiénes son y dónde están los dueños de los medios que reproducen la hegemonía. En ese propósito el Gobierno del Cambio ha avanzado y, en años pasados, las organizaciones étnicas que trabajan en políticas públicas de comunicación con enfoques diferenciales también. El mismo MinTIC tiene información, la Flip, entre otras entidades. El problema radica en que no tenemos disponible ese mapeo y tampoco las entidades lo tienen disponible por lo que la Ley de Medios debería avanzar en centralizar la información y hacerla pública por la utilidad que reviste.
- Espacios para articular parrillas de contenidos con la red de Medios Públicos: Muchas de nosotras, nosotros y nosotres producimos materiales de excelente calidad que interpelan a las personas en los territorios rurales o urbanos pero seguimos sin tener los canales para difundirlos masivamente. Por lo tanto, la articulación de una gran parrilla de contenidos para la radio, la web y la televisión pública permitiría mayor alcance de nuestras producciones y ampliará la mirada del Sistema de Medios Públicos. Esto claro implica la creación de una modalidad de convenios en los niveles nacional y local que conviene a todas las parte involucradas y que podría cobijarse bajo un único protocolo que simplifique trámites y permita la interlocución eficaz.
- Impulso de la oferta institucional para la formación técnica de las y los comunicadores populares: En muchos de nuestros medios y colectivos hace falta un impulso de conocimiento técnico para la producción más profesionalizada y para la migración al mundo digital, entre otros aspectos que podrían resolverse a través de la educación con opción de profesionalización. Existen entidades como el SENA, la UNAD, los politécnicos, las Universidades que cuentan con oferta para avanzar en esa materia. Sin embargo, su dispersión y asimetría en el acceso a la información hace que sea muy difícil acceder a los programas. La creación de una ruta o enlace único que pueda tramitar las necesidades del sector debe ser tema de una Ley de Medios.
- Impulso de un espacio nacional de articulación de medios comunitarios, alternativos, independientes y populares: Si bien la organización popular no debe ser responsabilidad de los gobiernos, si es responsabilidad del Estado que su ciudadanía esté activa, vigilante y sea parte de la cosa pública. En ese sentido, una legislación de medios debe contemplar medidas económicas, políticas y de reconocimiento de las instancias que como colectivos u organizaciones definamos para articular al sector comunicativo popular. Más allá de los gobiernos debemos garantizar institucionalidad para fortalecer y ser sector.
Una Ley TIC, la perspectiva
Sobra decir, entonces, que no solo necesitamos una Ley que garantice financiación, formación, difusión de contenidos y articulación entre medios; también necesitamos democratizar la infraestructura tecnológica del país pero esa pelea es mucho más exhaustiva.
Necesitamos una norma que permita al Estado garantizar el derecho a la información, recuperar la infraestructura pública para su manejo, goce y control público. Además, necesitamos que la conectividad rural sea una realidad, que los medios públicos sean cada vez mejores y más consumidos, que el relato de nación logre atravesar desde La Guajira hasta el Amazonas a través de satélites y antenas.
Todo esto sin duda pasa por una reforma al Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta cartera debe tener gente capacitada y fogueada en el mundo de las comunicaciones preferiblemente con acento en lo popular o lo comunitario.
No obstante estamos a varios años de poder lograr ese propósito estratégico que nos permitirá ejercer nuestra soberanía tecnológica en todos los niveles.
Ser sector es posible y urgente
Con la excusa necesaria de la Ley de Medios hoy estamos avanzando en el camino del agenciamiento de caminos para la disputa del poder mediático y, aunque los medios de comunicación popular hoy en Colombia se asumen como herramientas al servicio de los procesos sociales, alimentando las estrategias de comunicación de los movimientos campesinos, urbanos, estudiantiles o indígenas, hoy nos debemos aún la tarea de articularnos como sujetos específicos dentro del campo popular, como actores con peso propio de una de las reivindicaciones imprescindibles que el conjunto del campo popular debe abordar, como es la democratización de la comunicación y la información. Asumir ese desafío necesario y urgente será el primer paso para convocarnos, y convocar, a transformar estas condiciones injustas que hacen que las voces de nuestro pueblo tengan dificultades para hacerse oír ante el conjunto de la sociedad.
