La Asociación Colombiana de Comunicación Popular se une a las denuncias hechas por diferentes organizaciones de libertad de prensa, información y medios, frente al artículo 65 del proyecto de Ley de Anticorrupción que impulsa el Gobierno Nacional y el partido Cambio Radical en el Congreso de la República, ya que vulnera la libertad de expresión, pone en peligro el ejercicio periodístico y censura a medios de comunicación.
El Gobierno Nacional a través de la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, adelanta un proyecto de Ley en el Congreso en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. A dicha normativa, durante la última plenaria del senado congresistas de Cambio Radical y el partido conservador agregaron un “mico” el cual establece un castigo de hasta 10 años, más de 1.300 millones o perder la personería jurídica por motivo de injuria y calumnia a un funcionario/a o exfuncionario/a público.
“ARTÍCULO 65(NUEVO) Crear el artículo 221 A de la Ley 599 de 2000 el cual quedaría así:
ARTICULO 221 A: PERSECUCIÓN A FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS PÚBLICOS: El que mediante injuria o calumnia pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún servidor público, denunciando hechos falsos sobre él o su familia, incurrirá en presión de sesenta (60) a ciento veinte (120) meses y multa de trece puntos treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”
No es claro por qué en una Ley que busca evitar la corrupción se incluya un artículo, que por el contrario, propende amedrentar a medios de comunicación y periodistas para evitar que investiguen a funcionarios/as del sector público, con castigos tan severos como lo señala el artículo anteriormente expuesto.
Además cabe destacar que en la normativa ya está tipificado el delito de injuria y calumnia para cualquier persona en Colombia. Entonces para qué crear un régimen dirigido especialmente a funcionarios y exfuncionarios públicos.
Este artículo afecta el ejercicio periodístico y a los medios de comunicación, ya que busca evitar las investigaciones y denuncias por irregularidades de los funcionarios/as públicos por temor a las consecuencias y costos de procesos judiciales. Esto se convierte en una modalidad legal de acoso judicial que pretende censurar desde el poder público, bien lo señala el comunicado de Asomedios.
Desde la Asociación Colombina de Comunicación Popular nos sumamos a las preocupaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa. –FLIP, la Asociación de Medios de Información –AMI, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación – ASOMEDIOS, y la Sociedad Interamericana de Prensa y solicitamos sea eliminada esta propuesta de nuevo artículo, que ataca la libertad de expresión.
